Raymundo Jiménez

Luego del trigésimo periodista asesinado en lo que va de su sexenio –de los cuales casi la mitad han caído en Veracruz–, el presidente Enrique Peña Nieto convocó para este miércoles en la residencia oficial de Los Pinos a miembros de su gabinete y a la mayoría de los gobernadores del país dizque para acordar acciones de protección a comunicadores.

“Tenemos claro que ante estos actos, las palabras no bastan, que se requiere una respuesta de Estado”, declaró el martes Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en alusión al último homicidio, el del periodista sinaloense Javier Valdez.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa, reconoció que ninguno de los comunicadores que han sido privados de la vida en semanas recientes ha estado protegido por el Mecanismo de Protección de Periodistas, admitiendo que quienes abordan temas relacionados con narcotráfico y crimen organizado enfrentan un riesgo específico y mayor vulnerabilidad.

Campa tocó el punto medular del problema que desde el año 2000 a la fecha ha provocado la muerte de 103 periodistas en México, la mayoría de las cuales –según estadísticas de la organización Artículo 19– ocurrieron en Veracruz (22), Tamaulipas (13), Chihuahua (13) y Oaxaca (12), registrándose durante el régimen del presidente Felipe Calderón (2006-2012) el número más alto de homicidios de comunicadores: 48.

Sería interesante saber qué propuso en esta reunión con Peña Nieto el gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pues actualmente hay señalamientos de que algunos partidos, entre ellos el suyo, habrían postulado a las alcaldías a personajes bajo sospecha de estar vinculados con el crimen organizado.

En Pánuco, casualmente, se ha mencionado que el candidato de la alianza PAN-PRD, muy ligado al excontralor duartista Ricardo García Guzmán, estaría siendo apoyado por grupos delincuenciales que han intimidado a los aspirantes de MORENA y del PRI-PVEM.

Sorprende este caso porque el sábado 17 de septiembre pasado, durante el último foro del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, Yunes afirmó precisamente en Pánuco que aplicaría mano dura al crimen organizado para evitar más casos de ejecuciones, secuestros y extorsiones.

“Le digo a la delincuencia desde Pánuco: se van a encontrar a un Gobernador que tiene los pantalones bien puestos y la mano muy firme para combatirlos, de correr todos los riesgos. ¡Ya basta de complacencias con los delincuentes, porque ya basta de desaparecidos!”, expresó Yunes Linares.

“¡Ya basta de homicidios, ya basta de extorsión, ya basta de pago de derecho de piso y ya basta de que nuestro estado se encuentre en manos de la delincuencia organizada, permitido sin duda alguna por los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública”, acusó el entonces gobernador electo del PAN, quien lanzó la siguiente interrogante: “¿Nos toca acostumbrarnos a que toda la vida vivamos con miedo? ¿Nos tendremos que acostumbrar a vivir en la inseguridad? ¿Nos tenemos que acostumbrar a vivir en el terror? ¡La respuesta es no!”.

Pero hace un par de meses, el 19 de marzo, fue acribillado en Yanga el columnista de El Sol de Córdoba, Ricardo Monluí Cabrera, y, diez días después, el jefe de información de La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta Granados, fue víctima de otro atentado, sin que hasta la fecha la Fiscalía General del Estado haya identificado a los agresores.

Según Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, la impunidad que prevalece en crímenes contra periodistas es de 99.75 por ciento. Por eso, en los últimos 17 años, en México y en Veracruz la narcopolítica ha vuelto a los comunicadores tan vulnerables.

PUBLIRRELACIONISTA DE LUJO

La que se convirtió ayer en la publirrelacionista del fiscal Jorge Winckler fue la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto, quien supuestamente había convocado a reporteros para hablar de temas de su competencia y al final fue desplazada por el cuestionado abogado oaxaqueño que de repente se hizo el aparecido.

No es la primera vez que el aporreado fiscal yunista se presenta sin invitación en comederos políticos donde comúnmente acuden comunicadores.

Según se ve, Winckler anda urgido por limpiar su nombre, pues ya no siente lo duro sino lo tupido.

Este miércoles, por ejemplo, recibió un arrimón del diputado federal Cesar Camacho Quiroz, coordinador de la bancada priista en el Congreso de la Unión, quien al acudir a la ciudad de Veracruz en apoyo del candidato de la alianza PRI-PVEM a la alcaldía porteña, Fidel Kuri Grajales, declaró que “el fiscal veracruzano es jurídicamente inepto y políticamente insensible”.

“Hemos leído sus expresiones, que por cierto algunas de ellas se las ha tenido que comer, porque le han enmendado la plana”, respondió el exgobernador interino del Estado de México y expresidente del CEN del PRI a los reporteros que le preguntaron sobre la fallida solicitud de desafuero que presentó la FGE en contra del diputado federal priista Tarek Abdalá.

“El propio fiscal actuó de mala fe porque pidió el desafuero de alguien que él sabía que contaba con la suspensión definitiva del acto reclamado; entonces, cuando un juez federal resuelva quitarle o darle o no el amparo a Tarek Abdalá, la Cámara podría proceder”, respondió.

Camacho expuso que a diferencia del diputado Abdalá, a la legisladora local Eva Cadena, recientemente separada de la bancada de MORENA, no se le puede dar el mismo trato porque son dos situaciones diferentes, aunque ambos estén acusados de corrupción.

“A Eva Cadena no le concedió siquiera la suspensión el juez federal, entonces no podemos pretender darle el mismo tratamiento a dos asuntos que el Poder Judicial de la Federación ha tratado de manera diferente”, precisó el diputado mexiquense.