Raymundo Jiménez

Por lo corto de su administración –de sólo dos años, de los cuales ya transcurrió medio mes–, pero sobre todo por el grado del desastre financiero derivado de los desvíos, saqueos y despilfarros de recursos que no sólo son atribuibles al régimen del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa sino también a sus antecesores Fidel Herrera Beltrán y Miguel Alemán Velasco, a quien inclusive Miguel Ángel Yunes Linares ya había denunciado penalmente en 2004 y cuyos colaboradores igualmente se enriquecieron de manera inexplicable –ahí están los casos del ex secretario particular Roberto López Delfín, del ex contralor Ricardo García Guzmán y del ex secretario de Seguridad Pública, Alejandro Montano Guzmán–, todo mundo esperaba que el mandatario panista aplicara al pie de la letra ese sabio consejo popular de que “a grandes males, grandes remedios”, procedente del aforismo “ad extremos morbos, extrema remedia exquisite optima”, de Hipócrates, el “padre de la medicina”.

Para empezar, por el tamaño de la catástrofe administrativa, había la expectativa de que Yunes se rodeara de un equipo de técnicos y políticos profesionales que más allá de sus cuestionados títulos académicos o estudios de posgrado le ayudaran realmente a buscar salidas de emergencia a la crisis financiera y no a dejar pasar ocurrencias y decisiones populistas que sólo tienen un impacto mediático pero que en poco o nada contribuyen a resolver de manera sustantiva el estado de emergencia de las finanzas públicas, lo que más temprano que tarde incentivará el malhumor de los veracruzanos, y no sólo de esos dos tercios del electorado que en junio pasado votó por otras opciones contrarias a la alianza PAN-PRD.

Forzado a pagar facturas de su campaña electoral, Yunes ha tenido que ceder al PRD posiciones estratégicas de su gabinete. Una de ellas es la Secretaría de Gobierno, la cual entregó al ex dirigente estatal del partido del sol azteca, Rogelio Franco Castán, quien obtuvo fast track de la Universidad Veracruzana su título de Licenciado en Derecho para asumir dicho cargo que le ha quedado grande.

Franco no hizo honor a su apellido ni fue lo suficientemente honesto con Yunes para declinar la invitación y haber recomendado en todo caso a otro militante o simpatizante de su partido que pudiera desempeñar con más decoro y profesionalismo esa responsabilidad, la segunda en la jerarquía política del gobierno del estado.

Así, pues, en lugar de reconocer que no cumplía con los requisitos de ley para ser secretario de Gobierno, el líder perredista se dejó llevar por su ambición política y no le importó

someter a su alma mater, la UV, en un desgastante escándalo mediático por la sospechosa celeridad con que le entregaron su título.

Este lunes, al dar a conocer la “emergencia financiera”, Yunes anunció, entre otras medidas, que haría un exhorto al Congreso local para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre y reducir el número de regidores en los 212 ayuntamientos del estado. El gobernador dijo que con solo eliminar 236 regidurías se generarían ahorros de 137 millones de pesos anuales, o sea, 548 millones de pesos en los cuatro años que dura una administración municipal. Sólo que esos ahorros no impactarían en las finanzas del gobierno del estado sino solamente en la de los municipios. Pero, además, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.” En Veracruz, el proceso electoral municipal de 2017 ya inició desde noviembre, por lo que estas reformas no son viables en lo inmediato. ¿Franco le habrá hecho previamente alguna observación a su jefe? Se duda.

Pero hubo otras ocurrencias anunciadas por Yunes que ni Franco ni sus demás colaboradores se atrevieron a contener. Una, de corte populista, fue que tanto el gobernador como su gabinete legal y ampliado no cobrará sueldos “hasta en tanto no haya recursos”, y la otra es que prometió pagar intereses al magisterio si se retrasan sus pagos salariales, lo que desató un alud de sarcasmos en las redes sociales ante la falta de liquidez que enfrenta el gobierno del estado para cumplir puntualmente con las nóminas magisteriales, los subsidios al IPE y a la UV, y los pagos pendientes a cientos de proveedores.

Desde hace más de 40 días, Yunes escuchó personalmente del presidente Enrique Peña y del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que los gobiernos de los estados son soberanos, autónomos y que tendrán que enfrentar su situación financiera con los instrumentos con los que cuentan, descartando que vayan a canalizarles recursos emergentes para el pago de nómina y de proveedores. Meade propuso dos alternativas: la del crédito de corto plazo con la banca financiera o la banca de desarrollo, y la de adelantarles participaciones federales este año o a principios de 2017. “Esas sí son formas que están normadas, que son válidas y que estamos en el ánimo de dialogar para poder apoyar”, remarcó. Pero también fue muy claro al advertir que “tendrá que ser al amparo de ajustes que vayan haciendo en sus programas de gasto y no está contemplada la figura ni la posibilidad financiera de hacer o de instrumentar un rescate desde la Federación…”

Pero Yunes, en lugar de compactar el aparato burocrático, lo está agrandando para pagar facturas electorales a sus aliados. En la SEGOB, por ejemplo, acaba de crear la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos para Lauro Hugo López Zumaya, luego de tremendo berrinche que hizo el ex representante del PAN ante el OPLE.