Raymundo Jiménez

 A diferencia de hace un año y hasta principios de este, cuando Tomás Ruiz González se movía como bailarina de table-dance en su fallido afán de colarse en la sucesión gubernamental como tercero en discordia ante la pugna que protagonizaban el grupo del gobernador Javier Duarte de Ochoa y el bloque de los senadores priistas Héctor Yunes Landa y Pepe Yunes Zorrilla para nominar al candidato del PRI a la gubernatura, ahora el ex secretario de Finanzas y actual titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas procura no hacer olas, conduciéndose con muy bajo perfil en los pocos días que le restan a este trágico sexenio.

 

Sin embargo, a punto de partir con sus maletas, Ruiz González les debe muchas explicaciones a los veracruzanos. Este lunes, por ejemplo, el diario Reforma dio a conocer un acuerdo que muy pocos conocieron, mediante el cual Duarte de Ochoa instruyó en 2011 a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), encabezada entonces por Tomás Ruiz, afectar las participaciones federales y destinarlas a otros rubros.

 

“Esa decisión –que tuvo poca difusión en la entidad– tiene hoy bajo la mira a varios funcionarios acusados de desvíos. El 19 de diciembre de 2011, el Mandatario publicó en la Gaceta Oficial un acuerdo que institucionalizó este ejercicio del gasto, como resultado del mal estado de las finanzas públicas heredadas de su antecesor Fidel Herrera”, consigna el periódico capitalino, precisando que “una fuente conocedora del caso informó que sólo se imprimieron 300 ejemplares de la Gaceta en la que apareció este acuerdo del Gobernador.”

 

Según la publicación, conforme al documento, Duarte refirió que hacía efectivo el Decreto 289 del Congreso de Veracruz, publicado el 5 de agosto de 2011 en la misma Gaceta, el cual le autorizaba destinar el dinero de partidas federales para rubros ajenos a los previstos.

La prioridad de esos recursos, se argumentó entonces, serían las nóminas y las prestaciones de maestros, policías y burócratas, así como el rubro de seguridad del Estado en general.

 

¿Nos dirá Tomás Ruiz por qué solapó en su momento esta irregularidad? Y es que el frustrado aspirante a la gubernatura renunció a la Sefiplan hasta marzo de 2013, más de un año después del escándalo aquél de las maletas de dinero que la Policía Federal les confiscó a finales de enero de 2012 a un par de empleados estatales en el aeropuerto de Toluca.

 

Es más, cuando el ex dirigente nacional del PANAL y ex protegido político de la maestra Elba Esther Gordillo presentó su renuncia por “motivos personales”, la Sefiplan ya padecía una severa falta de liquidez para pagar a proveedores y una crisis en la fluidez de las participaciones federales a los ayuntamientos.

 

 

SEFIPLAN: ACUERDO TÁCITO

 

La versión corrió desde el domingo por la noche y la mañana de este lunes se confirmó: por verdaderos motivos de salud, Antonio Gómez Pelegrín renunció como secretario de Finanzas y Planeación y, en su lugar, el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado nombró a Clementina Guerrero García, quien hasta la semana anterior venía despachando como secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana.

 

Tula Guerrero, como es ampliamente conocida en la UV, está muy identificada con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, quien inclusive ya la había designado días antes como parte de su equipo para el proceso de entrega-recepción que esta semana inició.

 

Sin embargo, quien la designó fue Ríos Alvarado, con quien también mantiene una buena relación personal y profesional.

 

De hecho así lo precisó ante los representantes de los medios de comunicación, quienes les preguntaron si su nombramiento había sido parte de un “acuerdo” entre el gobernador interino y el electo.

 

“No, el licenciado Gómez Pelegrín renunció y el gobernador Ríos Alvarado me invitó a participar con él”, respondió la contadora Guerrero, quien también desmintió que su designación al frente de la Sefiplan haya sido una especie de “moneda de cambio” para que los alcaldes del PAN y PRD que desde hace tres semanas mantienen tomado el Palacio de Gobierno, lo desocupen.

 

Puede ser cierto que entre Flavino y Yunes Linares no se haya dado ese convenio formal para designarla en la Secretaría de Finanzas y Planeación, pero sí, en cambio, una especie de acuerdo tácito entre el gobernador interino y el sucesor para contribuir a relajar el ambiente de crispación social e inestabilidad política que amenazaba con crecer y expandirse en la entidad ante la cercanía del relevo gubernamental que habrá de consumarse el 1 de diciembre próximo.

 

Por lo mientras, haya sido pactado o no con el gobernador electo, el nombramiento de Tula Guerrero por parte de Ríos Alvarado ya logró un efecto positivo en él ánimo de los ediles del PAN y PRD que a finales de octubre se apoderaron del Palacio de Gobierno y que habían anunciado un paro indefinido, hasta que la administración saliente les pagara las participaciones federales que les dejó de transferir desde hace tres meses.

 

Este mismo lunes, los alcaldes de oposición entregaron el Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz, y por la tarde, sumados también ediles del PRI y de otros partidos políticos, se reunieron en la sede de la Sefiplan con la nueva titular para acordar los pagos de las participaciones federales pendientes que, en total, ascienden a 6 mil millones de pesos.

 

Buena jugada la de Flavino, que difícilmente Javier Duarte se habría atrevido a realizar aunque el estado se le estuviera incendiando.

 

Y es que con Tula Guerrero instalada en la Sefiplan se garantiza una entrega-recepción totalmente transparente, por lo que el gobernador electo Yunes Linares conocerá con exactitud el estado en que recibirá las finanzas públicas del gobierno de Veracruz y ya no tendrá pretexto para quejarse de que su equipo no tiene acceso a la información financiera.

 FISCALÍA ‘BATEA’ A NEMI  

 

 

El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Juan Antonio Nemi Dib, promovió una Demanda de Amparo para solicitar que la Fiscalía 8 Especializada en Delitos de Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos proceda con la investigación contra posibles actos ilícitos contenidos en la carpeta IUPJ-DXI-8-190-2016. 

Este lunes, nuevamente, Nemi Dib acudió a solicitar al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado se dé curso a la denuncia que interpuso desde diciembre de 2015 contra la ciudadana Claudia Guerrero Martínez.

La denuncia original de Nemi solicita de la Fiscalía General del Estado acreditar que la periodista Guerrero Martínez recibió millonarios pagos ilícitos por parte de la Coordinación General de Comunicación Social, diligencia que se ha demorado injustificadamente.

Su demanda de amparo se radicó bajo el número 1057/2016 y en ella se expuso que han pasado nueve meses desde que se puso en su conocimiento la denuncia, en los que sólo han realizado declaratorias de incompetencia, sin que la referida Fiscalía se pronuncie sobre los hechos sometidos  a su consideración, con el consecuente retraso en la procuración de la justicia, con clara violación a los derechos humanos del funcionario estatal.

La dilación de la justicia con la que se topó Nemi Dib ha hecho que este lunes acudiera de  nueva cuenta al Poder Judicial a solicitar se dé celeridad a sus denuncias del año pasado.