Iván Calderón

  Las acusaciones que la Fiscalía General de Veracruz vertió contra el ex Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Javier Duarte, así como contra su subsecretario, directores de la policía, encargados del cuartel de San José, titulares de Fuerzas Especiales, jefes y subordinados, de ser los responsables directos del delito de desaparición forzada no son para nada menores.

  El Fiscal General Jorge Winckler, ha puesto el dedo en la llaga en un sensible tema que no solo le duele a las y los veracruzanos, sino a todo un país; puesto que este particular quebrantamiento del estado de derecho no solo afecta a los familiares cercanos de los desaparecidos, perturba en general a la comunidad y al conjunto pleno de la sociedad.

  Los números oficiales que se han dado a conocer sobre estos asuntos son brutales. Sí, brutales.

  De forma pública se hablan de 3200 casos de personas desaparecidas. Sin embargo, resulta espeluznante conocer las cifras que arrastran los colectivos de más de 15 mil personas (en efecto, leyó usted bien) más de 15 mil personas que probablemente han sido eliminadas a través de estas terroríficas prácticas que la FGE señala contra esta red criminal, presuntamente encabezada por los mismos mandos de seguridad de la anterior administración del reo Duarte de Ochoa.

  En honor a la verdad, es aterrador conocer la forma de operación que se dio a conocer el día de ayer. Según se explicó, el modo de operación de la estructura del ex titular de la SSP Arturo “N” era compleja y a la vez simple, arrestando a sospechosos, interrogándolos y pasando este primer filtro, se decidía si se quedaban o eran liberados.

  Pero, a los que veían como “interesantes” eran puestos a disposición de una “fuerza especial” para revisarles teléfonos, torturarlos, obtener información y nuevos objetivos. Después,  simplemente después, eran ejecutados y sus cuerpos aventados en alguna fosa, todo en el marco de la clandestinidad y la impunidad.

  Es más, a la llegada de Winckler Ortiz a la Fiscalía General una de las primera acciones que emprendió fue el de crear el Registro Público de Personas Desaparecidas, ya que existía una enorme disparidad entre las cifras de personas desaparecidas que reportaba la anterior administración con el número real de denuncias.

  En este sentido, hasta el mes de noviembre del 2016 la entidad solo reportaba 524 denuncias en estos casos, suma que evidentemente era falsa, revisándose así que se cuantificaban más de 2,400 personas desaparecidas, de los cuales 1,876 casos nunca habían sido reportados al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

  De esta manera, revisando expediente por expediente, se detectó que en realidad son 3,600 personas denunciadas como desaparecidas constituyéndose así el número real de casos denunciados ante la Fiscalía General del Estado en el periodo de Bravo Contreras, numerología que en la actualidad se disparó, gracias a que las anteriores autoridades nunca quisieron reconocer a pesar de existir plenas denuncias.

  Se tiene que decir, estos señalamientos que hace la Fiscalía de Veracruz son históricos.

  Sin duda.

  Quizá no exista una acusación penal de esta magnitud contra un aparato de seguridad pública estatal. Y tal vez sea la primera vez que un Fiscal General se encuentre combatiendo de frente a esta terrorífica práctica que se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos.

  Lamentablemente, salvo lo que dictaminen las autoridades correspondientes, al parecer en Veracruz, sí, fue el estado.

  Ya veremos en qué queda este escandaloso tema.

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