Filiberto Vargas Rodríguez 

Prefacio.

El año pasado, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia guardó silencio cuando le desecharon la controversia constitucional con la que pretendía obligar al Poder Ejecutivo a asignarle al Poder Judicial un presupuesto equivalente al 2 por ciento del presupuesto total del estado. *** Hoy, sin embargo, el magistrado presidente lanza la amenaza. Advierte que buscará que para el 2019 la próxima Legislatura y el próximo Gobernador cumplan con la Constitución y otorguen el 2 por ciento del presupuesto general de la entidad. *** Edel Álvarez Peña dijo que podría volver a interponer una controversia constitucional en caso de no recibir los recursos que marca la Ley. Tuvo que admitir, sin embargo, que durante la actual administración no recibieron dicho monto. *** El 2 por ciento del presupuesto del Estado se tenía que haber entregado al Poder Judicial a partir de 2017, y el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no cumplió. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia debido a que se interpuso de forma extemporánea, lo que es absoluta responsabilidad del Poder Judicial del Estado. *** “No se logró el primer año por la situación crítica en que se recibió Veracruz, entendimos las condiciones pero interpusimos una controversia constitucional la cual por razones del criterio del ministro en ese momento no nos favoreció (…) además se interpuso un poco tarde”. *** ¿Asume Edel Álvarez que hoy la situación es mejor? Miguel Ángel Yunes Linares ya admitió que no hubo mejoras sustanciales en materia financiera y que tampoco dejará recursos al próximo gobierno. *** ¡será el próximo año tan comprensivo como en el 2017 y 2018?

 

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Poco a poco, de forma inexorable, se acerca el momento de rendir cuentas, de sustentar los dichos con documentos, de dejar de mentir.

El gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, le dio a Miguel Ángel Yunes Linares una “probadita” del infierno que se le avecina. Le advirtió que va a requerir de toda la información sobre ese ambicioso programa de instalación de cámaras de videovigilancia en el estado.

“Qué nos dé la información detallada de cuántas cámaras finalmente se pusieron en Seguridad Pública y cuántas están funcionando; esa sería mi primera petición”, planteó el gobernador electo ante los medios de comunicación.

Se refería al programa emblemático de la administración yunista, a la “solución mágica” para todos los problemas de inseguridad y delincuencia en territorio veracruzano. El “Big Brother” veracruzano.

A su llegada al segundo foro “Acciones Preventivas Contra el Delito”, Cuitláhuac García pidió que a través del llamado “Comité Ciudadano de la Entrega-Recepción” que se entregue esta información, que deberá incluir costo, empresas contratadas, número de cámaras funcionando y la mejora obtenida luego de su puesta en operación.

“Le pido al Comité que solicite al gobernador actual la información de cuántas cámaras están localizadas, el lugar de las cámaras y cuántas están funcionando y el financiamiento de estas cámaras y el costo total”, anticipó Cuitláhuac García.

Esa es una, apenas la primera, de las cloacas que habrá de destapar el próximo gobernador, y que exhibirá al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que hasta la fecha sigue presumiendo de que no hay una sola denuncia de corrupción en su contra o de sus colaboradores.

Paciencia. Muy pronto se conocerán todas las pillerías.

Este miércoles, además, el gobernador insistió en su negativa de saldar la deuda con proveedores y contratistas.

El abogado Yunes Linares se mostró feliz, orgulloso, al afirmar que el amparo que declara anticonstitucional el decreto para la revisión de deuda de proveedores del gobierno estatal, “no obliga a pagar las deudas”.

“Habrá que ver, nosotros no tenemos ninguna notificación, tiene que ver -según lo que dijeron los medios- que se considera anticonstitucional el procedimiento de revisión de las deudas, (pero) no obliga el juez al Gobierno del Estado a pagar nada”.

En efecto, eso no lo ordena el juez. Eso lo dispone la Constitución del Estado, que en su Artículo 79, en referencia a las obligaciones de los servidores públicos, en el cuarto párrafo advierte:

“Se aplicarán sanciones administrativas consistentes en suspensión, destitución e inhabilitación, así como de carácter pecuniario en los términos que establezca la ley, a los servidores públicos que incurran en actos u omisiones contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar al desempeño de sus funciones, cargos, empleos o comisiones”.

Miguel Ángel Yunes Linares, en su calidad de Gobernador de Veracruz, está obligado a cumplir con el pago de los pasivos que la administración ha ido acumulando. El mandatario estatal le está dando un tratamiento diferente a cada deuda. La que tiene con los bancos la renegoció, en busca de mejores condiciones o plazos más largos, pero en el caso del pasivo circulante, simplemente se ha negado a reconocerlo, lo que representa una flagrante violación a la Constitución local.

 

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Epílogo.

En estos dos años, a pesar de la parafernalia con la que se anunció la reestructuración de la deuda bancaria y bursátil, el gobierno de Veracruz no consiguió ninguna mejoría en materia financiera. Es por eso importante lo declarado este miércoles por quien ocupará la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), el empresario Ernesto Pérez Astorga. *** Dijo que la próxima administración podría ir en busca de una nueva reestructuración. Mencionó que la banca comercial expresa “gran apertura y confianza” para ayudar a Veracruz. La idea, sin embargo, es reducir las tasas o ampliar plazos, pero que no crezcan los pasivos. Lo más relevante de esta charla, fue que destacó la relevancia de un ajuste al gasto corriente, algo que nunca estuvo en la mente del actual gobernador. *** A propósito de deuda pública, en el documento “Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México. Segundo Trimestre de 2018”, que publica el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, y que utiliza los datos de la Secretaría de Hacienda, da cuenta de que Veracruz tiene el plazo de vencimiento promedio de la deuda más largo de los estados del país (20.6 años). Hace un año, en junio de 2017, la entidad veracruzana ocupaba la posición número 14 (14.5 años). Al segundo trimestre de este año, las entidades federativas que reportan el mayor plazo de vencimiento de su deuda son Veracruz, con 20.6 años; Quintana Roo, 20.4 años; Nuevo León, 20.3 años; Nayarit, 18.6 años y Coahuila con 18.3 años. *** Estamos empeñados por más de dos décadas.

 

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