Filiberto Vargas Rodríguez

 

Prefacio.

En el tema de la violencia e inseguridad que aquejan a Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares insiste en transitar en el peligroso juego del doble discurso. Por una parte “reconoce, agradece y rinde homenaje” a los miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal, que apoyan a su gobierno en la lucha contra la delincuencia organizada, y por otro, no deja de mencionar que se trata de delitos “del orden federal” que están fuera de su responsabilidad. *** Para eso ya tiene una respuesta el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong: “Estamos enfrentando un fenómeno de violencia, sí, con un componente federal, sí, con el crimen organizado, pero agudizado en gran proporción en los delitos del fuero común que se suceden en el orden local. Según datos de quien genera estas cifras, quien las clasifica, del total de homicidios, aquellos que están relacionados con delitos del fuero común, pasaron de 3 de cada 10, en 2011, a 5 de cada 10, en 2016”. *** Cuentan quienes de esto saben que la luna de miel que vivieron Osorio Chong y Yunes Linares ya se acabó, que la cercanía y los acuerdos políticos se han ido diluyendo a la misma velocidad con que desaparecen los acuerdos entre Enrique Peña Nieto y el PAN. *** “¿Quieren ir en un frente amplio opositor? Muy bien, adelante, pero con nosotros ya no cuenten”, parece ser la postura del gobierno priista de México. *** Acá, en tierras jarochas, en pleno verano, Yunes Linares está empezando a sentir frío.

 

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Y de pronto los agentes federales asesinados en Cardel, lo mismo que los cuatro niños, de seis años de edad o menos, ejecutados en Coatzacoalcos, pasaron al olvido. El tema de hoy para Miguel Ángel Yunes Linares se llama Javier Duarte, a quien –según el gobernador de Veracruz- detuvieron gracias a “sus investigaciones” y a “sus denuncias”.

Esta “caja china”, hay que admitirlo, no la creó Yunes Linares. Esta le cayó del cielo.

La primera audiencia en tribunales guatemaltecos para definir la situación jurídica de Javier Duarte tuvo que ver con un par de órdenes de aprehensión que fueron emitidas por un juzgado de control en Veracruz, a partir de denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado. El próximo 4 de julio se celebrará una nueva audiencia en el mismo tribunal de Guatemala, para presentarle al detenido las denuncias que en su contra tiene la PGR.

En esta primera audiencia Javier Duarte aceptó ser extraditado para responder ante las autoridades de Veracruz por las dos causas penales en el fuero común. Es de esperarse que también se allane a la extradición por cuanto hace a las denuncias por presuntos delitos del orden federal.

¿Cuál es la jugada?

Una vez que Javier Duarte sea extraditado, será remitido a un penal federal, desde donde combatirá los procesos que se siguen en su contra. Serán los únicos por los que podrá ser juzgado. Así lo establece el tratado de extradición que tienen México y Guatemala.

Así pues, una vez que Javier Duarte toque suelo mexicano, tendrán que ser enviadas al archivo las consignaciones que pudieran haber surgido de las denuncias de hechos que presentó la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de recursos del Gobierno de Veracruz y que hasta la cuenta pública del 2014 sumaban 45 mil millones de pesos. A ellas se habrían de sumar denuncias por inconsistencias similares encontradas en las cuentas de 2015 y 2016.

En ninguno de esos casos podrá ser imputado el exgobernador de Veracruz.

Respecto a los procesos en el fuero común, los dos presentados por la Fiscalía que encabeza Jorge Winckler tienen que ver con el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), y con el uso de un helicóptero del gobierno de Veracruz para viajar de Xalapa a Coatzacoalcos.

Ambas denuncias bastante endebles, pues en la primera no podrán acreditar que Javier Duarte ordenó o al menos estuvo enterado un presunto desvío, además de que dichos fondos fueron transferidos de una cuenta del gobierno estatal a otra cuenta, también del Estado, de manera que tendrán problemas para acreditar que el exgobernador se benefició de esa transacción. De la segunda, el mismo Javier Duarte se burla del fiscal veracruzano, pues señala que le atribuye delitos propios de un servidor público “cometidos en fechas en las que yo ya no ejercía cargo alguno”.

La PGR, por su parte, señala a Javier Duarte de haber cometido los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Estos señalamientos fueron los que dieron pie a la primera orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Veracruz, con la que se sustentó el pedido al gobierno de Guatemala de detención provisional con fines de extradición.

Javier Duarte regresa a México para acogerse a la justicia federal y para exhibir, desde su reclusión las falacias en las que habría incurrido la Fiscalía de Veracruz.

Ya el propio exgobernador, a través de sus abogados, lanzó el segundo dardo en contra de Yunes Linares (el primero fue al momento de tomar la palabra ante el juzgador guatemalteco, cuando calificó de “irrisorias” las causas abiertas en su contra).

En un comunicado los abogados le recordaron a Miguel Ángel Yunes que señaló públicamente a Javier Duarte de haberles privado de medicamentos a niños enfermos de cáncer, quienes debido a ello habrían fallecido.

“Es fácil hablar y pretender influir en la opinión pública con atrocidades como esa. Si se hubiera incurrido en ello, como despepitó, claro que sería parte de la solicitud de extradición”, señala el documento firmado y hecho circular por los abogados de Javier Duarte.

Por cierto: ¿Sabe alguien si hubo algún avance en la investigación de los asesinatos de Cardel y Coatzacoalcos?

Bueno, una vez que se disipe la neblina provocada por la audiencia en Guatemala, quizá nuestro nuevo gobernador, tan valiente como es, nos sorprenda con otro oscuro video mensaje.

 

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Epílogo.

Digno de un análisis profundo, el diagnóstico plasmado este martes por el analista en temas de seguridad Jorge Fernández Menéndez, en el periódico Excélsior. Aquí un fragmento: “Los estados no están interesados en desarrollar fuerzas de seguridad propias que tengan capacidad de contener el crimen en cada una de las entidades: han recibido con ese objetivo en lo que va del sexenio más de nueve mil millones de pesos y prácticamente no hemos visto avances en ninguna entidad (…) La enorme mayoría de los gobernadores reconoce el problema, acepta que se requieren reformas legales para avanzar en los sistemas de seguridad, pero no presionan a sus legisladores para que los aprueben: la ley de seguridad interior lleva tres sexenios de rezago, la del mando policial se arrastra del sexenio anterior. En el camino se debaten o se proponen Frankenstein legislativos que van a complicar más el problema que resolverlo”. Ese es el caso en Veracruz.

 

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